En el contexto actual, es crucial reconocer los factores diferenciadores y las oportunidades para avanzar en la ruta democrática. Por un lado, el grupo en el poder enfrenta su peor momento de debilidad política y electoral de los últimos años. El gobierno dirigido por Nicolás Maduro ha dejado de representar una esperanza para los venezolanos. A la incapacidad para responder a las demandas sociales se le suma hoy la multiplicación de la corrupción entre la élite gobernante, lo que ha dejado al gobierno sin recursos para alimentar el clientelismo electoral en un año decisivo para sus posibilidades de reelección.
Por otro lado, la oposición democrática se ha fortalecido tras adoptar en 2023 la vía electoral como un camino pacífico para promover el cambio político y generar la alternancia en el poder. Las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria sirvieron como un evento aglutinador y detonante del voto como instrumento para el cambio. Sus resultados han generado entusiasmo y esperanza, y un creciente número de venezolanos ha vuelto a ver las elecciones como una vía institucional para mejorar sus condiciones de vida.
Desde hace más de 25 años, Venezuela ha venido sufriendo un conflicto político cíclico caracterizado por elecciones manipuladas, desmantelamiento de la institucionalidad democrática, violencia política, persecución de la disidencia y erosión de los principios constitucionales básicos. En este marco, el año 2024 ha sorprendido al país con el surgimiento de un creciente ambiente de cambio y revalorización del voto como herramienta ciudadana para impulsar la transición a la democracia.
Las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio ofrecen una oportunidad inédita para romper el ciclo autoritario alimentado por el conflicto político, a través de una ruta pacífica, institucional y electoral. Si algo han aprendido los venezolanos a lo largo de todos estos años, es que la posibilidad real de iniciar un tránsito seguro hacia una nueva institucionalidad democrática depende de la participación.
Después de once años del gobierno de Nicolás Maduro, la población venezolana siente la necesidad de transitar un camino que supere las consecuencias de la desigualdad social; que aborde los desafíos que presupone la propagación de la Gran Corrupción; que fortalezca las instituciones necesarias para superar la emergencia humanitaria compleja; que atienda las causas de la migración forzada; que enfrente las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y que logre el cambio político hacia una vida digna.
El proceso presidencial convocado para el 28 de julio enfrenta, sin embargo, una serie de incertidumbres, que amenazan con cercenar nuevamente las florecientes posibilidades de cambio. Faltando pocas semanas para el evento comicial, el acuerdo de garantías políticas y electorales firmado en Barbados ha sido incumplido reiteradamente; las garantías y condiciones acordadas entre las partes han sido ignoradas, y el patrón de violencia y persecución se ha incrementado.
Frente a este panorama, los venezolanos han asumido el voto como un acto de rebeldía. A pesar de los factores adversos, el ánimo popular ha seguido creciendo y extendiéndose, abriendo espacios de luz y esperanza en los rincones más alejados del país. Las maniobras y estrategias para desmotivar y sembrar desesperanza no son nuevas, lo nuevo en el escenario actual ha sido la capacidad demostrada por el liderazgo democrático para lograr consensos y mantenerse en la ruta electoral.
La instauración de una democracia estable debe sustentarse en al menos tres bases: la legitimidad de un proceso electoral creíble, la garantía de gobernabilidad en los seis meses que median entre la celebración de las elecciones y el acto de toma de posesión y la voluntad de iniciar un proceso de reinstitucionalización que cuente con el concurso de todos.
La crisis en Venezuela es compleja, y entre las lecciones aprendidas por los venezolanos está el hecho de que la solución a la misma requiere de compromisos sólidos y de largo plazo. Compromisos por y para una democracia nueva y con acento venezolano. Un proceso que requerirá también del acompañamiento de la comunidad internacional, que ha demostrado un firme compromiso con la causa democrática en Venezuela.
Los y las venezolanas tenemos derecho a vivir en democracia, a recuperar una vida digna, a superar la emergencia humanitaria y a aspirar al desarrollo. Es momento de cuidar y fortalecer la esperanza en cada rincón del país. Un pueblo que se ha apropiado de las posibilidades que le otorga la Constitución para el cambio pacífico a través del voto, y que ha asumido esta circunstancia como una conquista ciudadana, constituye el mayor resguardo contra los intentos de perpetuar el camino que ha traído a la catastrófica situación actual. Es la participación de cada ciudadano la que transformará el 28 de julio en un nuevo inicio para el país, un inicio que definirá el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.