Editorial / Ideas por la Democracia
Rechazamos la actuación del organismo electoral
El pasado 25 de marzo, la ciudadanía venezolana, presente en el país o en otros territorios, siguió con interés el cierre del plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de las candidaturas para las elecciones presidenciales, convocadas por ese organismo para el 28 de julio del presente año.
Para ese momento, ya se sabía que la candidata elegida por medio de las primarias de la oposición, María Corina Machado, no podría formalizar su inscripción debido a una inhabilitación política, sin derecho a defensa, promovida por el oficialismo. La misma medida había sido aplicada a un conjunto de dirigentes de oposición, al tiempo que los partidos políticos disidentes fueron intervenidos o no legalizados, para impedir la participación en los comicios.
Ese día, el presidente Maduro inscribió su candidatura, con el apoyo del PSUV y otras fuerzas políticas, mientras la candidata designada por Machado, con el apoyo de la Plataforma Unitaria de la oposición, Corina Yoris, denunciaba que los intentos para tramitar su inscripción ante el sistema automatizado del CNE fueron infructuosos. Es decir, no se le permitió ejercer el derecho de postularse con la tarjeta del partido MUD, sin ninguna atención o respuesta oficial ante esa circunstancia.
Casi al término del plazo para este proceso, se informó que el partido UNT (perteneciente a la Plataforma Unitaria) había realizado la inscripción de Manuel Rosales. Al día siguiente, se supo de la inscripción de Edmundo Gonzalez, por parte de la MUD, gracias a una prórroga no oficializada por el CNE. De acuerdo a la vocería opositora, la intención, tras la inscripción de González, fue la de preservar la participación de esa tarjeta partidaria, y la posibilidad de hacer una sustitución posterior de la persona postulada.
Finalmente, el proceso de las postulaciones, como parte de un cronograma electoral que aún no fue publicado en la Gaceta Electoral, culminó con un total de 13 candidatos y la participación de 37 organizaciones políticas.
Para los venezolanos y actores de la comunidad internacional, un proceso que, en cualquier país normal, que opere bajo mínimas condiciones democráticas, debería haber implicado un procedimiento sin sobresaltos, en el marco de la etapa administrativa previa a la celebración de los comicios, se transformó en un momento de tensión e incertidumbre extraordinarias. ¿Permitiría el oficialismo la inscripción de candidatos que pudieran desafíar su permanencia en el poder? Lamentablemente, el CNE, que, en virtud de su mandato, debería haber sido el organismo que garantizara la transparencia, la equidad y la integridad de este proceso, actuó una vez más signado por la opacidad, la arbitrariedad y la vulneración de derechos, tanto de los ciudadanos que optaron por ejercer su derecho a la postulación como de la ciudadanía en general, que espera que su voluntad sea respetada por las instituciones del poder público.
Si se respetan los tiempos y procesos previstos por el propio ente comicial, el 1 de abril se debió conocer, de manera oficial, si las postulaciones elevadas por las distintas fuerzas políticas fueron admitidas o rechazadas. De acuerdo a ese calendario, entre el 1 y 20 de abril, las fuerzas políticas pueden modificar o sustituir las candidaturas admitidas, y el 2 y el 6 de abril se debería realizar la etapa de las impugnaciones. Dada la ausencia de garantías electorales básicas, el cuadro final de las candidaturas podría modificarse todavía en forma imprevista e impredecible. Todo este proceso se desarrolla en medio de una intensa dinámica de presiones, cálculos y negociaciones, en donde el oficialismo impone las condiciones y la oposición se ve en la necesidad de lograr una estrategia concertada en el marco de la ruta electoral.
La actuación del Consejo Nacional Electoral en este proceso, de espaldas a la Constitución, y en abierta violación a las normas, es inaceptable. Como poder público, el organismo electoral debería garantizar las condiciones para el ejercicio de la soberanía popular, permitiendo a los ciudadanos elegir libremente a sus representantes, exhibiendo un desempeño acorde con los estándares de una institución democrática.
Frente a esta situación, la ciudadanía venezolana enfrenta el doble desafío de negarse a normalizar o justificar las prácticas no democráticas del CNE, manteniendo, a la vez, una ruta electoral, en un contexto de constante crecimiento del autoritarismo en el ejercicio del poder. ¿Cómo seguir impulsando la participación ciudadana en un marco de cierre progresivo del espacio cívico, la persecución de dirigentes políticos y de cualquier ciudadano que se exprese o denuncie las injusticias y arbitrariedades desde el poder?
Los venezolanos y venezolanas de a pie vienen demostrando desde hace años su intensa vocación democrática, manifestando una y otra vez, y bajo diferentes coyunturas, su inquebrantable determinación a ejercer su derecho a votar y expresar así, por vías pacíficas, su voluntad de cambio.
