Panamá se encuentra en un momento crucial de su historia política. Asediada por un difícil panorama económico y desafiada por escándalos de corrupción, las recientes elecciones presidenciales y legislativas han puesto a prueba la fortaleza y compromisos que vienen con la institucionalidad democrática.
En ese sentido, las siguientes observaciones buscan destacar varios de los aspectos más trascendentales de estas elecciones y su implicación con el camino hacia la recomposición de la democracia latinoamericana en una fórmula que trae consigo desafíos y oportunidades para Panamá y la región.
El papel de los ciudadanos en la participación electoral y en el rescate democrático
Los comicios se llevaron a cabo en un clima de agitación social, exacerbado por las protestas del año pasado contra los contratos de minería de cobre, percibidos como dañinos para el medio ambiente y la sociedad en general.
Así, estas elecciones se han destacado por tener una alta participación ciudadana, que alcanzó más del 77% del electorado, el índice más alto en las últimas tres décadas. Este aumento en la participación puede atribuirse a una serie de factores, incluidos los escándalos de corrupción que han sacudido la política panameña en los últimos años y la creciente preocupación por el futuro del país en medio de retos económicos y sociales.
El nivel de participación está reflejando tanto el descontento generalizado con el estado actual de las cosas, así como la esperanza de asumir la promoción de un cambio positivo en el horizonte político de Panamá. La alta participación en las elecciones es un indicador estimulante de la vitalidad democrática que aún mantiene el país y que aun encuentra en la participación ciudadana en la vida política una forma efectiva de conducir el futuro.
Sin embargo, también destaca la oportunidad de impulsar mayor educación cívica y participación continua de la ciudadanía en la vida política del país, de modo que sea posible capitalizar ese ímpetu en la asunción de responsabilidad sobre las riendas de Panamá, el empoderamiento y liderazgo político ciudadano, la contraloría y la exigencia de libertades y respeto de los derechos.
El ganador: un sustituto frente a la actuación de la justicia
José Raúl Mulino, recién electo Presidente, obtuvo el 34% de los votos y emergió como el vencedor en esta contienda electoral. Su victoria se destacó por una ventaja significativa sobre su competidor más cercano, Ricardo Lombana.
No obstante, su llegada a la presidencia también estuvo marcada por la incertidumbre y la controversia, con la inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), originalmente un candidato favorito, como uno de los momentos más destacados. Su salida de la ecuación generó turbulencias en el proceso electoral y llevó a Mulino a ocupar su lugar en la boleta electoral. Martinelli, cuya presencia en la política panameña sigue siendo influyente, fue excluido de la contienda debido a una condena por lavado de dinero. Ahora bien, su apoyo a Mulino desde la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se encuentra asilado evitando su aprehensión, también cuenta una historia sobre estas elecciones.
A lo anterior se le suma que la candidatura del propio Mulino también dependió de lo que la justicia tenía que decir. Así, a menos de 48 horas que iniciaran las elecciones, la Corte Suprema decidió que la postulación era legítima tras una objeción que alegaba que no cumplía con el requisito constitucional de tener un candidato a vicepresidente acompañante. En ese orden, la decisión tardía del tribunal sobre la legalidad de su participación generó aún más incertidumbre y alimentó a su vez las especulaciones sobre posibles manipulaciones políticas detrás de escena, pero a la vez, sobre el rol de la justicia como un contrapeso importante.
En cuanto a la corrupción y la justicia, Mulino ha expresado su apoyo al expresidente Martinelli, calificando su juicio como un “juicio armado” y afirmando que también ha sido víctima de persecución política. Sin embargo, su pasado enjuiciamiento por malversación plantea dudas sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es por ello, que si bien el electo Presidente ha prometido restaurar el crecimiento económico y la estabilidad del país, su historial político y las circunstancias de su ascenso al poder plantean dudas sobre su capacidad para lograr estos objetivos sin comprometer los principios democráticos.
Y es que el juicio por corrupción de Martinelli y las acusaciones que este y Mulino han hecho de persecución política han puesto de relieve las tensiones subyacentes en la sociedad panameña y la vulnerabilidad de sus instituciones democráticas, resaltando la necesidad de seguir apostando por el fortalecimiento institucional y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el país, una página en blanco, que se espera que el nuevo gobierno llene coherentemente a pesar del contexto de cómo llegó al poder.
La corrupción figura como una prioridad por superar en Panamá
Ya hemos dicho que Mulino no solo destaca por sustituir al expresidente Martinelli, cuya gestión estuvo marcada por acusaciones de corrupción, sino que él mismo ha sido asociado con casos judiciales por malversación de fondos. De manera que su gobierno enfrenta el desafío de restaurar la confianza del público y demostrar un compromiso real con combatir este fenómeno que históricamente ha azotado al país, minando la legitimidad institucional y socavando su estabilidad política y económica.
La corrupción latinoamericana no es un tema nuevo ni aislado. Esta problemática ha permeado en la mayoría de los gobiernos de la región a través de los años y afectando todos los niveles del Estado y la sociedad en muchos de los países latinoamericanos, alimentando el clientelismo político, la impunidad y la desigualdad.
Las nuevas autoridades y representantes elegidos en Panamá se enfrentan a la tarea de abordar estos desafíos heredados y tienen el enorme compromiso de destacar la corrupción como un elemento transversal que es crucial para comprender los obstáculos que enfrenta el fortalecimiento democrático en el país.
Considerando que las elecciones, de hecho, han sido marcadas por escándalos y controversias relacionadas con la corrupción, este momento se presenta como una oportunidad clave para resaltar tanto la gravedad de esta amenaza como la urgencia de abordarla de manera efectiva . Al resaltar la historia de la corrupción en Panamá, se puede contextualizar mejor la importancia de combatir este flagelo para garantizar un sistema político más justo y transparente en el país y sentar un precedente valioso para la región.
¿Justicia o impunidad?
Adicionalmente la relación entre Mulino y Martinelli genera indicios preocupantes sobre los pasos que puede llegar a tomar el nuevo presidente una vez tome posesión, entre los cuales, podría buscar honrar la camaradería y solidaridad política que ambos comparten al procurar, a través de vías administrativas, liberar los cargos, impulsar amnistiar el hecho o perdonar la condena. A esto es importante hacerle cuidadoso seguimiento y esperar que en su lugar, la aproximación que adopte sea más bien la de permitir que el sistema de justicia actúe con autonomía, sin interferencia indebidas y que bajo sus propios medios y procesos determine el curso de la causa. Esa es la única forma de alimentar la sostenibilidad democrática y evitar desatar crisis institucionales que afecten la integridad del Estado de Derecho.
Además de estas inquietudes, se suma el hecho de las propias circunstancias que rodean la situación actual del expresidente Martinelli. No debe dejarse de lado, que en estos momentos sigue evadiendo la ejecución de su condena al permanecer asilado en la embajada de Nicaragua, un país que posee un historial cuestionable en términos de cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. En ese orden, las acciones que el nuevo gobierno vaya a tomar en este extremo pueden plantear otra serie de preocupaciones significativas en relación con el mensaje que se estaría transmitiendo sobre el propio compromiso que existe con el liderazgo nacional y regional por los derechos humanos y la democracia. El desenvolvimiento de este particular es otro de los aspectos fundamentales que definirán el rumbo de los primeros meses de la nueva administración y marcará la pauta del tipo de historia que se quiere reescribir sobre Panamá y respecto de la cual los distintos actores deberán mantenerse vigilantes.
La pluralidad política actual como una oportunidad que puede verse amenazada
Si bien el electo Presidente ganó los comicios con una cómoda victoria, con ningún grupo obteniendo una mayoría importante en los 71 curules de la Asamblea Nacional, lo cierto es que el resultado de las elecciones parlamentarias también refleja que la fotografía política es mucho más diversa. Lo cual es un signo positivo que demuestra el estado de la salud democrática en Panamá y abre la puerta a una necesaria convivencia política plural, mas, ello no garantiza automáticamente la estabilidad política y la gobernabilidad efectiva en el país.
Las divisiones políticas profundas y la polarización persistente podrían obstaculizar los esfuerzos por construir consensos y abordar los desafíos urgentes que enfrenta Panamá, como la corrupción, la crisis económica y la creciente desigualdad social. Se espera que el liderazgo del nuevo gobierno, frente a esos escenarios, sea verdaderamente democrático y revierta por su parte la agenda regional de socavación de las instituciones en miras a asegurar gobernabilidad bajo cualquier motivo.
Mulino ha expresado de hecho su compromiso de iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas con el objetivo de formar un gobierno de unidad nacional para promover la agenda del país. Y aunque la necesidad de buscar una coalición parece clara a la luz de los resultados de las elecciones parlamentarias, somos de la opinión que tal compromiso debe sostenerse en el tiempo y que el gobierno ha de avanzar hacia la promoción de un clima de tolerancia política que obligue la cooperación entre las distintas fuerzas, pues de lo contrario, las probabilidades de acudir a prácticas autoritarias de concentración del poder y anulación política estarían a la vuelta de la esquina.
Un ambiente de polarización política y de divisiones sociales pueden alimentar la intolerancia, la confrontación y la erosión de las normas democráticas. Si no existe un diálogo constante y auténtico entre los diferentes actores políticos se puede obstaculizar el funcionamiento efectivo de las instituciones democráticas y socavar la confianza en el sistema político en su conjunto por parte del electorado, abriendo paso al ciclo de recelo hacia los partidos y la política que tanto aqueja al continente.
En esa línea, la palabra de Mulino de no buscar revanchismo político y de trabajar en pro de un gobierno de unidad nacional, a pesar del historial en su contra y de Martinelli para llegar a la presidencia, es un paso en la dirección correcta que debe mantenerse.
La narrativa del desarrollo, estabilidad y crecimiento económico debe estar acompañada por un discurso de derechos
La promesa del presidente electo de cerrar la frontera y deportar a los migrantes “ilegales” que infrinjan las leyes panameñas sugiere una postura dura y restrictiva hacia la migración, que, como la experiencia regional ha demostrado, podría estar motivada por consideraciones políticas o populistas. Ya hemos visto cómo con anterioridad, las medidas unilaterales y punitivas contra los migrantes y refugiados pueden alimentar la xenofobia y el discurso de odio, y socavar los derechos humanos y la solidaridad regional.
En ese contexto, la crisis humanitaria en la región de la Selva del Darién, que comparten Colombia y Panamá, plantea serios retos en términos de protección de los derechos humanos en la región. La retórica nacionalista que no incluye un compromiso con el problema estructural y el derecho de las víctimas que hacen parte de las olas migratorias puede contribuir a una situación de vulnerabilidad y violencia, y generar aun más tensiones internas y en la comunidad internacional.
La región necesita de gobiernos comprometidos con los derechos humanos, y los diversos actores de la sociedad civil pueden ser determinantes en la exigencia en su respeto y garantía como una política integral de los gobiernos. Estos discursos son alertas que invitan a una actuación temprana tendiente a contrarrestar los primeros signos de la arbitrariedad y el autoritarismo en búsqueda de una aproximación democrática y holística de los problemas del país.
Conclusiones
Las elecciones de 2024 representan un momento de inflexión para Panamá. Si bien la alta participación ciudadana es un indicio alentador de la vitalidad de la democracia panameña, también es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de un futuro más justo y próspero para todos sus ciudadanos. Si bien hay desafíos significativos por delante, también existen oportunidades para el cambio y la renovación.
Las organizaciones de la sociedad civil, los líderes comunitarios y los medios de comunicación pueden desempeñar un papel crucial en la promoción del respeto mutuo, la inclusión y la diversidad de opiniones en el debate público. Su rol debe ser reconocido y fortalecido en los espacios del nuevo gobierno desde el día uno.
Aún se plantean ciertas interrogantes sobre la capacidad del nuevo gobierno para romper con el pasado y avanzar hacia un futuro más transparente y democrático y ya es posible avizorar elementos que sugieren la necesidad de estar alerta ante posibles tendencias autoritarias y de trabajar para fortalecer las instituciones democráticas, proteger los derechos humanos y promover un clima de diálogo, tolerancia y respeto en Panamá.
De eso se tratan las elecciones y los nuevos comienzos. Es parte de las virtudes que ofrece la democracia y que hoy Panamá y la región pueden aprovechar.
