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Paz autoritaria en Venezuela

Editorial / Ideas por la Democracia

La manipulación de la noción de paz en Venezuela y la ventana de oportunidad que brindan los procesos electorales

En Venezuela, el concepto de “paz” se ha convertido en una cortina de humo y en un subterfugio, que ha sido utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro para ocultar una realidad donde impera el autoritarismo, la represión y el profundo sufrimiento de un pueblo que vive al menos desde el 2015 en una grave emergencia humanitaria compleja que sigue agravándose.

Esta supuesta paz, promovida recurrentemente en las narrativas gubernamentales, puede compararse con lo que se entiende por paz negativa: la paz del silencio, la represión y del miedo. Esta aparente tranquilidad, similar a la que se experimenta durante un cese al fuego en tiempos de guerra, se erige sobre una política de persecución y violación sistemática de los derechos humanos, y evita a toda costa abordar las causas subyacentes del conflicto.

Se trata de un estado impuesto a la fuerza, o “a lo malandro”, como solemos decir los venezolanos al referirnos a procesos impuestos por la vía de la extorsión, que se manifiesta hoy en un contexto en el que los procesos electorales carecen de garantías, y en el que la voluntad popular ha sido sistemáticamente ignorada o manipulada.

El respaldo o silencio ante a esta paz negativa por parte de ciertos representantes de la sociedad civil, empresarios y actores internacionales, surge por lo general del temor, del pragmatismo o de la preeminencia de los intereses personales, donde la prioridad se desplaza hacia la posibilidad de negocios o simplemente la supervivencia, sin considerar la mejora real de la situación de los derechos humanos. Con frecuencia, este apoyo puede ser también el resultado de tácticas de chantaje, mediante las cuales el gobierno logra atraer a actores legítimos que, voluntaria o involuntariamente, terminan avalando este discurso.

Al ceder ante estas presiones, sin embargo, bien sea por pragmatismo, la creencia de futuras mejoras, la necesidad de supervivencia o la búsqueda de beneficios personales o institucionales en un entorno de opresión, estos actores legitiman inadvertidamente un status quo que perpetúa la injusticia y la represión, contribuyendo a fortalecer la narrativa gubernamental de estabilidad y paz, mientras que, en la realidad, se continúan erosionando las estructuras democráticas y los derechos fundamentales.

Se trata en realidad de un espejismo, que oculta una amenaza aún mayor. Cuando el gobierno logre consolidar su particular versión de la “paz”, y neutralizar a sus opositores, o a los que sean percibidos como tales, aquellos que optaron por el silencio, el apoyo táctico o la expectativa de un cambio en la naturaleza autoritaria del gobierno, creyendo preservar algún grado de influencia o seguridad, se encontrarán en una disyuntiva aún más restrictiva, en la que terminarán siendo marginados, obligados a coexistir en un entorno profundamente represivo o convertidos en víctimas de la represión antes reservada a los sectores calificados como más “radicales” o “extremos”.

Por esta razón, es crucial entender que las concesiones al autoritarismo no garantizan la seguridad ni la estabilidad a largo plazo sino que más bien perpetúan el ciclo de la represión y la erosión de las libertades fundamentales, todo lo cual deja a la sociedad en su conjunto en una posición de mayor vulnerabilidad y sin voz ante el poder absoluto.

La lucha por la democracia en Venezuela requiere de iniciativas que vayan más allá de acciones coyunturales para evitar o silenciar el conflicto. La aceptación del “mal menor”, guiada por el pragmatismo o los intereses políticos coyunturales, no representa un avance hacia la transición democrática, sino una capitulación.

Frente a este panorama, es imprescindible construir un consenso en torno a la paz genuina, en virtud de la cual se exija la presencia de justicia social, igualdad y respeto por los derechos humanos. En el actual contexto electoral, dicha exigencia debe traducirse en la demanda de condiciones de absoluta equidad y transparencia.

Venezuela necesita y merece una paz cimentada en la justicia, la libertad y el respeto irrestricto a la dignidad humana. Entendida en este sentido, la paz no es un estado sino un proceso.

La comunidad internacional y los actores democráticos deben mantenerse firmes, no sucumbir ante la comodidad del pragmatismo ni aceptar pactos que socavan los fundamentos de la democracia y exigir el restablecimiento del estado de derecho y el respeto irrestricto a la vigencia de los derechos humanos. Las lecciones aprendidas de procesos de transición nos hablan de estos escenarios y donde esto debe ser prioridad para un verdadero cambio y transformación del conflicto.

2024 representa un punto de inflexión para Venezuela.  Las elecciones constituyen la mejor ventana de oportunidad para construir la paz de los valores democráticos y electorales. Una apuesta a ellas y al deseo de libertad y justicia de los venezolanos no debe ser a medias. Es fundamental evitar la fragmentación que es la estrategia efectiva del gobierno autoritario y que nos pone frente a falsos dilemas para invitar a aprovechar oportunidades económicas o mejoras efímeras sin que tengamos un verdadero proceso de transición. Es el momento de arriesgarnos por una paz verdadera, la paz de los derechos y de la institucionalidad democrática. En el contexto actual otras acciones, no solo no serán estratégicas sino que nos suman a colaborar con la paz autoritaria y antagonizan con el espíritu de los derechos humanos, la paz y la democracia.

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