Contexto electoral: polarización y desafíos estructurales
En vísperas de la toma presidencial pautada para el este lunes 20 de enero, vale la pena repasar el contexto político y electoral de los Estados Unidos y reflexionar sobre las recientes elecciones de noviembre 2024, las cuales representaron un punto crítico para el análisis local y regional, y adelantaron el cierre de un ciclo mega electoral en el continente que pone en perspectiva tanto las fortalezas como las fragilidades de la democracia. Este evento no sólo cristalizó las tensiones políticas y sociales que han marcado la última década, sino que también dejó preguntas abiertas sobre los retos estructurales que enfrenta la representación política en el país.
La cuestionada candidatura demócrata a la reelección del presidente Joe Biden, seguida de su sorpresiva renuncia a menos de cuatro meses de las elecciones, añadió una dimensión inédita y disruptiva al proceso electoral en la historia reciente de Los Estados Unidos. Este giro estratégico no solo dejó al Partido Demócrata en una posición de reorganización acelerada, sino que también amplificó la incertidumbre y la tensión política en un ya polarizado escenario electoral.
El resultado, aunque no inesperado, deja interrogantes sobre el futuro democrático en este país. La victoria de Donald Trump representa mucho más que el retorno de un expresidente al poder. El triunfo republicano evidenció una profunda conexión con un sector significativo del electorado, pero también sacó a la luz grietas en la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Estas fisuras, exacerbadas por discursos polarizantes y acusaciones de parcialidad institucional, presentan desafíos sustantivos para la gobernabilidad democrática.
El regreso de Trump al poder, viene acompañado en esta ocasión con una mayoría significativa en el Senado y el control en la Cámara de Representantes, mayoría que no sólo refleja la consolidación de su base de apoyo, sino también muestra el efecto de un discurso político que, a lo largo de su campaña, exacerbó divisiones internas y fomentó narrativas de exclusión. Asimismo, el proceso electoral en EEUU estuvo acompañado de un aumento en la violencia política, ejemplificada en el intento de asesinato del candidato republicano durante las primarias lo cual también so sintomas de la una crisis adyacente de legitimidad y confianza en las instituciones en el país.
Este complejo panorama, agravado por un clima de intensas divisiones sociales, plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad de las instituciones para garantizar la vigencia de los derechos humanos y los principios democráticos. La combinación de tensiones sociales y desconfianza institucional sugiere una necesidad urgente de reflexionar sobre el rumbo de la democracia estadounidense y las medidas necesarias para fortalecer su resiliencia en el futuro.
Donald Trump y el autoritarismo como narrativa política: 5 desafíos para la institucionalidad democrática
La figura de Donald Trump, a pesar de haber obtenido su victoria conquistando una importante mayoría de los colegios electorales, incluyendo los llamados estados bisagras así como el voto popular, continúa polarizando el panorama político estadounidense. Su estrategia de campaña se centró en consolidar un discurso “anti-sistema”, cada vez más común en las carreras electorales de los tiempos modernos, apelando además a sectores vulnerables y marginados mediante un lenguaje populista y promesas de cambio estructural. Si bien no se presenta como explícitamente anti-democrático, su retórica y propuestas indican una inclinación que la historia comparada nos ha demostrado con signos tempranos de derivas autoritarias.
Los Estados Unidos, por ejemplo, parece estar entrando en una era de reformas administrativas orientadas a implementar el proyecto político de Donald Trump, pero con implicaciones preocupantes para la estructura democrática. Entre sus propuestas más controversiales destaca la reestructuración radical del sistema federal, con medidas que buscan maximizar la eficiencia gubernamental, pero que también facilitarían el despido de empleados públicos a nivel federal y que terminarían debilitando las protecciones tradicionales del servicio civil. Este enfoque amenaza con politizar aún más la administración pública, erosionando principios clave de imparcialidad y profesionalismo institucional.
Otra de las medidas controversiales de la nueva administración se centran en el ámbito migratorio, tema que fue piedra angular de su campaña. En este sentido, Trump ha retomado una retórica que aboga por deportaciones masivas y restricciones severas contra la inmigración, apoyadas en discursos que promueven desinformación y ataques hacia nacionales de otros países. Estas medidas, al sustentar una narrativa xenófoba, no sólo contravienen principios fundamentales de derechos humanos como la no devolución y el debido proceso, sino que también exacerban tensiones internacionales y agravan divisiones internas. Lo que podría derivar en violaciones masivas de derechos fundamentales, que ratifican los cuestionamientos sobre la capacidad de los Estados Unidos de adherirse y respetar compromisos internacionales básicos. De concretarse estas medidas, Estados Unidos, un país con una larga historia de lucha por los derechos civiles y la igualdad, enfrenta el riesgo de socavar los avances logrados, al deshumanizar comunidades migrantes y marginar a minorías históricamente vulnerables.
Una tercera señal de alarma en las propuestas anunciadas por Trump, se centran en su intención de concentrar poder o actuar como dictador “por un día”, junto con propuestas para permitir a las fuerzas de seguridad operar sin límites por una “hora realmente violenta” bajo el pretexto de combatir la delincuencia. Estas ideas no sólo desafían el principio de separación de poderes, sino que también representan una amenaza directa al estado de derecho. Al debilitar el principio de legalidad y erosionar el equilibrio entre las instituciones, estas acciones podrían consolidar una gobernanza autoritaria, alejándose de los valores democráticos que han sido el pilar de la historia política estadounidense.
En cuanto a la libertad de expresión y de prensa, la retórica hostil de la campaña del partido que resultó ganador hacia los medios críticos amenaza no solo estos derechos esenciales sino uno de los pilares más fundamentales de la carta de derechos de los Estados Unidos. El ataque continuo a los periodistas y el uso de plataformas digitales para difundir desinformación representan un retroceso significativo para la transparencia y la rendición de cuentas. Estos esfuerzos impactan la confianza en las instituciones y también el acceso de la ciudadanía a información precisa y diversa, necesario para una democracia funcional.
Asimismo, los derechos de las minorías, incluidas las comunidades afrodescendientes, latinas, indígenas y LGBTQ+, y los derechos reproductivos de las mujeres están en una posición de creciente vulnerabilidad a pesar de las conquistas progresistas que se dieron en los Estados Unidos por años de lucha y reivindicación. Las políticas a nivel estatal de quienes hoy son simpatizantes de la administración electa y los discursos que excluyen y estigmatizan a estos grupos refuerzan la discriminación estructural y profundizan las desigualdades sociales arraigadas en la cosmovisión americana. Esto es especialmente alarmante en un país con un historial de lucha interna por los derechos civiles y la igualdad, donde los avances en la inclusión se ven ahora amenazados y no cuentan con un respaldo de estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables por la escasa suscripción de acuerdos y tratados en la materia por parte de los Estados Unidos.
En síntesis, el retorno de Trump a la Casa Blanca plantea preguntas críticas sobre cómo reforzar la institucionalidad del sistema americano, aprovechar la cultura de libertad y preservar los valores democráticos para enviar un mensaje de optimismo en un contexto de creciente autoritarismo en la región y el mundo.
Aprovechar la libertad y la institucionalidad para hacer frente al autoritarismo
Los Estados Unidos como nación enfrenta una coyuntura única para demostrar su liderazgo y su compromiso histórico con los valores democráticos y republicanos. Su tradición de devoción por los principios de libertad puede ser una base sólida para enfrentar posibles derivas autoritarias y fortalecer la democracia a través de acciones concretas e integrales que, a diferentes niveles y mediante diversos actores, muestren que la democracia no sólo puede resistir, sino prosperar y expandirse. Para enfrentar estos desafíos, es esencial implementar medidas integrales que fortalezcan la democracia y los derechos humanos que promuevan la educación cívica y la protección del espacio cívico.
No obstante, el panorama y las dinámicas actuales siguen revelando factores emergentes que trascienden las dinámicas políticas tradicionales en los Estados Unidos. El poder económico concentrado y activista, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las redes sociales que amplifican la desinformación y las narrativas polarizantes, el enfoque antisistema combinado con una disrupción del multilateralismo y un énfasis en los intereses nacionales sobre la soberanía de otros países, están redefiniendo el horizonte y el futuro. Aunque sus implicaciones completas aún son inciertas, estas fuerzas merecen atención constante. Van más allá de lo que hoy podemos avizorar, pero su impacto sobre el devenir de la democracia dependerá de cómo sean entendidas y abordadas en este momento crucial.
En síntesis, las elecciones de 2024 en los Estados Unidos dejan una lección clara: la democracia no puede darse por sentada. La polarización extrema, la crisis de representación y la erosión de los derechos humanos son síntomas de desafíos estructurales que requieren respuestas integrales y sostenidas. La administración de Trump tendrá que enfrentar el reto de equilibrar su enfoque político e intereses nacionalistas y geopolíticos con el respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales, mientras que la sociedad civil y los actores internacionales deberán redoblar esfuerzos en el escrutinio y la rendición de cuentas para salvaguardar el Estado de Derecho en el país.
