Por Luis Gómez Calcaño
Sociólogo con postgrados en sociología y planificación. Investigador en el área de desarrollo sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela desde 1979. Áreas de investigación: relaciones entre la sociedad civil y el Estado, ciudadanía, populismo, autoritarismo, con énfasis en Venezuela.
Este artículo es una contribución original escrita para la comunidad electoral (Red Electoral Ciudadana). Gracias al apoyo del proyecto Scere. Curaduría de Héctor Briceño.
Febrero de 2023
I. Las respuestas de la sociedad civil: de la participación a la resistencia
Aunque la sociedad civil venezolana ha sido históricamente considerada débil y subordinada a los partidos políticos, su resiliencia frente a largos años de hostigamiento muestra que sus organizaciones han logrado movilizar una diversidad de recursos para garantizar su autonomía y resistir los intentos de control. Sin embargo, esta supervivencia también se debe en parte a que el régimen solo ha aplicado parcial y gradualmente sus instrumentos de control y represión. Las variables correlaciones de fuerzas en los ámbitos nacional e internacional, y sus propias limitaciones, le han obligado a actuar paso a paso, sin atacar a todos sus antagonistas al mismo tiempo. Una radicalización de su proyecto totalitario le permitiría aplicarlos en forma aún más rápida y devastadora. Por eso, la relación entre el Estado y la sociedad civil en los últimos años se ha presentado como una carrera contra el tiempo: el primero avanza gradualmente hacia su fin de destruir a las OSC autónomas y crear una pseudo-sociedad civil a su servicio, mientras las organizaciones resisten y tratan de promover un cambio político democratizador.
A diferencia de otros casos históricos, el régimen venezolano, por su carácter de totalitarismo atrofiado u obstaculizado, no ha podido destruir completamente a la sociedad civil. La ambición de control total ha sido frenada, no solo por la resistencia de la sociedad, sino por la escasa capacidad organizativa estatal, una burocracia técnicamente poco capacitada y disciplinada y la existencia de numerosos focos de corrupción. Esta incapacidad ha dejado vacíos que los ciudadanos tratan de colmar por medio de organizaciones dedicadas a la atención de la salud, la educación, la infancia y hasta la alimentación. Paradójicamente, estas mismas organizaciones, que llenan los vacíos dejados por el Estado, no son vistas como colaboradores o potenciales aliados sino como peligrosos enemigos: el modelo de sociedad que se quiere imponer exige que los ciudadanos dependan exclusivamente del Estado y del partido. Cualquier competencia en este aspecto significaría que algunas voluntades no puedan ser completamente subyugadas, lo que debilitaría el poder total sobre los ciudadanos.
Por su parte, las OSC tratan de enfrentar el intento para reducirlas a actores irrelevantes y marginados de varias formas. En un estudio sobre la situación de las OSC en Venezuela, algunos de sus representantes mencionaron las dificultades que enfrentan y las estrategias que han utilizado para superarlas. Algunos de los problemas más comunes son las dificultades de financiamiento, que afectan su capacidad de mantener al personal y las llevan a depender más del financiamiento externo; a lo que se suman las deficiencias de seguridad y el acceso a servicios públicos. (Sinergia- Cesap, 2018)
Las principales estrategias usadas para enfrentar estas dificultades han sido: la documentación de violaciones de derechos; la creación de observatorios en diversos campos; la presentación de informes alternativos s ante organismos internacionales; la conformación de nuevas redes y plataformas; la movilización para demostrar la emergencia humanitaria; la atención directa a víctimas de la situación de emergencia social; la articulación entre organizaciones de sectores distintos en temas comunes; la presentación de proyectos de ley o exigencias legales a los poderes públicos; y la ejecución de programas, proyectos y prestación de servicios educativos, asistenciales, sociales y culturales (Sinergia-Cesap, 2018).
Por su parte, las organizaciones dedicadas específicamente a la defensa de los derechos humanos, que han sufrido una persecución más constante y sistemática, también han emprendido acciones similares: mayor compromiso e incremento en el número de personas involucradas; capacitación y aprendizaje continuo; articulación y trabajo en red; uso de plataformas digitales; contacto con mecanismos de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; enlace con redes de organizaciones internacionales; y presentación de comunicaciones ante instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela, “enemigos internos”, pp. 72-74).
Uno de los principales líderes de la sociedad civil venezolana, Feliciano Reyna, ha descrito las acciones y actitudes que han permitido la continuidad de las organizaciones en medio de la crisis y el hostigamiento del Estado: evitar el aislamiento conformando coaliciones y frentes comunes; dar respuesta colectiva de variadas organizaciones cuando se ataca a una de ellas; organizarse, no solo para la participación ciudadana esperable en un gobierno democrático, sino para cubrir los vacíos existentes en las “precariedades” agudizadas por la crisis; y, por la complejidad y riesgos de la situación, “formar tejido social” (lo que implica ”incorporarse a organizaciones o incluso crear nuevas…incorporarse en movimientos y expresarse como sociedad civil para exigir participación en asuntos públicos”). El mismo dirigente señala que se ha construido una red de 115 organizaciones solamente para el trabajo de distribución de ayuda humanitaria, y afirma que se debe promover los esfuerzos conjuntos, con sentido de comunidad y solidaridad (Guerra, 2020).
En febrero de 2023, con motivo de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley sobre fiscalización de la sociedad civil, se presentó un documento firmado por más de 400 organizaciones de todos los ámbitos, en el cual se denuncia el proyecto y se solicita que sea retirado (Comunicado conjunto, 2023). Asimismo, los organismos de investigación y defensa de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas han tomado conocimiento de la situación y han alertado sobre ella. Estas acciones muestran que las OSC están conscientes del peligro que representa la ley y han recurrido a sus redes de articulación intersectoriales, nacionales e internacionales, para enfrentar ese peligro.
Conclusiones
Las posibilidades de supervivencia de las OSC venezolanas pueden ser evaluadas en términos de cuatro variables: a) Capacidad de autosustentación; b) Capacidad de establecer alianzas con otros actores democráticos; c) Solidaridad internacional y d) Cierre o apertura del régimen.
a) Capacidad de autosustentación y su mayor o menor dependencia de fuentes de financiamiento externo: la capacidad de autosustentación es limitada por el entorno de grave crisis económica y acoso estatal. Eso ha hecho que buena parte de las organizaciones dependan de subsidios externos para cumplir sus fines. Entre los financiadores externos se encuentran actores estatales como la Unión Europea y fondos de ayuda al desarrollo de varios países. Por ello, la ley recientemente aprobada en primera discusión podría dar un golpe mortal a muchas organizaciones que no tienen otras fuentes de financiamiento.
b) Capacidad de establecer alianzas con actores políticos democráticos. Sabiendo que el régimen pretende una aceleración y profundización de la carrera hacia la hegemonía, la mayoría de las OSC tiende a coincidir con las posiciones y proyectos de los partidos de oposición. Sin embargo, en los últimos años, dichos partidos enfrentan no solo la persecución oficial sino también sus propias divisiones, así como el desprestigio causado por sus errores en la lucha contra el régimen. El desafío para las OSC, incluyendo a los sindicatos y gremios, está en articularse a una alternativa política que defienda su derecho a existir sin que ello implique perder su autonomía ni su identidad específica como sociedad civil.
c) Apoyo y la solidaridad de organizaciones internacionales, públicas y privadas. Aunque dicho apoyo sigue existiendo, es previsible que encuentre cada vez más obstáculos legales y prácticos.
d) Mayor o menor disposición del régimen a permitir espacios mínimos de acción social autónoma. El régimen ha sido coherente desde sus inicios en su voluntad de someter o instrumentar a las organizaciones de la sociedad civil, o de crear una sociedad civil paralela articulada en torno al Estado. La intimidación hacia los posibles donantes, la escasez de oportunidades de autofinanciamiento en un contexto de crisis económica y la propia persecución contra las organizaciones muestran que la intención de sustituir a la sociedad civil autónoma por una puramente formal no es secundaria, sino que forma parte de un proyecto coherente a largo plazo. No hay razones para pensar que, sin una intensa presión interna y externa, vaya a retroceder en esta meta, por lo cual su límite estará más en la capacidad y recursos que pueda utilizar para este fin, que en un cambio en su proyecto.
En consecuencia, las OSC que pretendan mantener su autonomía tendrán que plantearse modos de supervivencia que no cuenten con la buena voluntad ni la disposición al diálogo por parte del Estado. Esta relación con el poder podría ser denominada “de resistencia”, entendida como respuesta de una sociedad o un grupo humano que, no teniendo los recursos para efectuar los cambios sociopolíticos a los que aspira, tampoco se adapta pasivamente a las exigencias del poder existente, sino que, por su actitud de defensa de los principios que la orientan, trata de mantener en el tiempo su identidad política, social y cultural. El hecho de mantener el funcionamiento de las organizaciones, a pesar de las dificultades, puede ser considerado como una forma de resistencia. Frente al desgaste y los intentos de dividir, penetrar y corromper sus organizaciones, una visión estratégica debe contemplar la hipótesis de una supresión creciente de la vida asociativa autónoma. En la Venezuela actual, para las OSC el solo hecho de existir ya es en sí mismo un desafío al poder. Si hasta hace poco se podía afirmar que “existir es resistir”, parece llegado el momento de “resistir para existir”.
Referencias
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Comunicado conjunto: Proyecto de ley intenta suprimir el derecho de libre asociación en Venezuela. https://www.civilisac.org/alertas/comunicado-conjunto-proyecto-de-ley-intenta-suprimir-el-derecho-de-libre-asociacion-en-venezuela. [Consulta: 13/2/2023]
Gómez Calcaño, Luis. “La autocratización de Venezuela y su impacto en la sociedad civil”. Desacatos 69. Mayo-agosto 2022, pp. 48-63Guerra, Carlos Armando, 2020, “Feliciano Reyna: la participación ciudadana le da el sentido a todo”. Correo del Caroní. <https://www.correodelcaroni.com/especiales/43-aniversario/feliciano-reyna-la-participacion-ciudadana-le-da-el-sentido-a-todo/>. [Consulta: 13/2/2023]
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Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. https://provea.org/wp-content/uploads/2021/05/LEY-DE-FISCALIZACION-REGULARIZACION-ACTUACION-Y-FINANCIAMIENTO-DE-LAS-ORGANIZACIONES-NO-GUBERNAMENTALES-Y-AFINES-v24.01h2.00-2.pdf [Consulta: 13/2/2023]
Linz, Juan (2000). Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder. Lynne Rienner.
Schedler, A. (2002). “Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy, 13 (2), pp. 36-50.
Scruton, Roger (2007). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Third Edition. New York, Palgrave Macmillan.
Sinergia-Cesap (2018). Roles de la sociedad civil venezolana en un proceso de transición democrática. Versión 30 de abril 2018. Manuscrito inédito.Venezuela, “enemigos internos”. La defensa de derechos humanos bajo ataque. Informe de misión de investigación (2020). OMCT, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Centro para los defensores y la justicia, Cofavic. https://www.fidh.org/IMG/pdf/venezuela_informe_2020.03_informe_completo.pdf [Consulta: 13/2/2023]