Por Luis Gómez Calcaño
Sociólogo con postgrados en sociología y planificación. Investigador en el área de desarrollo sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela desde 1979. Áreas de investigación: relaciones entre la sociedad civil y el Estado, ciudadanía, populismo, autoritarismo, con énfasis en Venezuela.
Este artículo es una contribución original escrita para la comunidad electoral (Red Electoral Ciudadana).
Gracias al apoyo del proyecto Scere. Curaduría de Héctor Briceño.
Febrero de 2023
El 24 de enero de 2023 se presentó y aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Dicho proyecto, que ha sido denunciado por un gran número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) nacionales e internacionales, es una versión actualizada de otros textos que el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han intentado promulgar desde hace más de quince años y que forma parte, junto con numerosas decisiones judiciales y actos administrativos, de una estrategia dirigida a la supresión de la capacidad de los ciudadanos para organizarse en forma autónoma. Los numerosos intentos del régimen por lograr esta meta obedecen a un proyecto totalitario. Entendemos por régimen totalitario un sistema social guiado por una ideología, regido por un partido único y otras organizaciones movilizadoras sometidas al poder concentrado en un individuo o un pequeño grupo, que no es responsable ante la población y no puede ser desalojado del poder por vías institucionalizadas y pacíficas (Linz, 2000). Un rasgo esencial del totalitarismo es la ausencia de asociaciones e instituciones autónomas (Scruton, 2007).
En Venezuela no se ha logrado todavía la implantación de un régimen totalitario debido a la resistencia de la ciudadanía y al cálculo estratégico de los gobernantes respecto a los medios y las oportunidades para lograr esa meta. Esto permite caracterizar al régimen actual como un “totalitarismo atrofiado” (Linz, 2000).
Este artículo revisa las relaciones entre el proyecto “revolucionario” y la sociedad civil venezolana desde los inicios del régimen chavista en 1999 hasta el presente para mostrar tanto las acciones del proyecto totalitario hacia la sociedad como la resistencia que ella ha opuesto frente al avance de dicho proyecto (1).
1. ¿Existe una sociedad civil en Venezuela?
Entendemos por sociedad civil el espacio que ocupan las organizaciones voluntarias intermedias entre el Estado y la sociedad, dedicadas a la representación directa o indirecta de intereses de los ciudadanos o a la defensa de valores comunes no específicos de algún grupo (por ejemplo, el ambiente). Los partidos políticos, aunque se originan en la sociedad civil, se han convertido en una esfera separada en la medida en que su fin es ocupar y dirigir el Estado. Ello no quiere decir que la sociedad civil esté aislada de lo político sino que su relación con el poder se limita al ejercicio de influencia más que al manejo directo del aparato del Estado. Los grados de institucionalización de las OSC son variables, por lo cual estas incluyen desde las corporativas societales, formadas por organizaciones burocráticas permanentes, como los gremios y sindicatos hasta organizaciones fluidas y cambiantes que conforman movimientos sociales dinámicos.
En el régimen liberal democrático que se inició en Venezuela en 1958, las organizaciones sociales eran reconocidas como actores legítimos, aunque algunas, como los sindicatos, tendían a subordinarse a los principales partidos políticos. Desde la década de los setenta, la expresión “sociedad civil” se fue extendiendo y ganando legitimidad, aunque con diversas interpretaciones sobre su estructura, funciones y relevancia.
La sociedad civil en Venezuela muestra una gran diversidad. La influencia de las OSC no depende exclusivamente de su magnitud sino del reconocimiento que logren despertar en la población. Esto se debe a que, aunque no son representativas en el sentido partidista electoral, ejercen “actividades de representación” (Gurza et al., 2005) ya que practican varias formas de “representación asumida”, como la prestación de servicios a grupos de sectores o ciudadanos (como las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, civiles o políticos), la mediación entre individuos o grupos sin representación y el Estado u otras instituciones políticas y sociales, o las relaciones de proximidad, semejanza o identidad con determinados grupos sociales, etnias o minorías. Las OSC se agrupan en redes para potenciar su influencia; algunas por afinidad de objetivos, como las de organizaciones de derechos humanos, las dedicadas a temas ambientales, las de género o las de salud; otras alrededor de temas más generales, como la defensa de los principios democráticos y el ejercicio de los derechos ciudadanos (Cartaya, 2013).
La llegada del chavismo al poder significó una alteración profunda de las relaciones entre la sociedad civil, la política y el Estado, situación que llevó a las OSC a vivir diversos períodos de turbulencias y redefiniciones en un marco institucional inestable, cambiante y cargado de amenazas.
2. El régimen político: proyecto y estrategias hacia la sociedad civil
Los regímenes autoritarios —y especialmente los totalitarios— no son compatibles con sociedades civiles autónomas. Estas últimas tienden a obstaculizar el modelo de decisión cerrado y excluyente de aquellos, quienes tratan de neutralizarlas o incorporarlas en forma subordinada bajo modelos corporativistas de Estado, y persiguen o reprimen a quienes no se sometan a este molde.
El régimen venezolano actual era caracterizado, al menos hasta 2015, como un autoritarismo electoral, en los términos definidos por Schedler (2002); regímenes que celebran elecciones, toleran cierto grado de pluralismo y de competencia interpartidista pero que, a la vez, violan las normas democráticas en tal forma que ya no son democracias sino autoritarismos. Sin embargo, desde el momento en que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias de ese año, el régimen aceleró su marcha hacia la destrucción de lo poco que quedaba de su carácter electoral y de las libertades que le son indispensables, tratando de avanzar en su proyecto totalitario.
El “Socialismo del Siglo XXI” se planteó desde sus inicios una redefinición de las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad: ensayó diversas formas (como los llamados “círculos bolivarianos” o las organizaciones sindicales o empresariales paralelas) para desplazarlas y sustituirlas por una nueva articulación, dirigida a conformar vastas redes sociales en todos los campos, bajo el control y supervisión del Estado y el partido gubernamental: este tipo de relación entre Estado y sociedad civil es denominada “corporativismo de Estado”, y es uno de los rasgos centrales de los totalitarismos, aunque no exclusivo de ellos. A diferencia de las OSC, las organizaciones del “poder popular” están diseñadas para depender del reconocimiento del Estado. Las que han recibido más promoción y respaldo oficial, después de diversos ensayos fracasados, son los llamados “consejos comunales” y las “comunas”, bases de una nueva forma de organización del territorio y de representación política, estrechamente articuladas con el partido de gobierno, además de los grupos de carácter político-militar y las Redes de Articulación y Acción Social (RAAS), encargadas de identificar y controlar las tendencias políticas de los habitantes de las comunidades.
El régimen impulsa su estrategia de control total de la sociedad en varias formas: legislación; uso de leyes y reglamentos para intimidar o perseguir a las OSC; decisiones judiciales y políticas públicas para limitar la capacidad y el radio de acción de dichas organizaciones; campañas de desprestigio para que estas sean percibidas como cuerpos extraños a la comunidad política y como agentes extranjeros y, finalmente, utilización de grupos paramilitares que ejecutan acciones de intimidación.
Ya en los primeros años del régimen, algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia cuestionaron la representatividad y legitimidad de las OSC. Pero estas sentencias sólo fueron un primer paso, que sería complementado con un numeroso conjunto de leyes restrictivas, como la Ley Orgánica del Poder Popular (2010), la Ley de los Consejos Comunales (2006, convertida en ley orgánica en 2009), Ley de las Comunas (2010) la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), entre otras.
El paso de una relación entre Estado y sociedad basada en la autonomía de los ciudadanos a una apoyada en la articulación subordinada de estos al Estado requirió, desde los inicios del régimen, debilitar a las principales organizaciones corporativas: gremios empresariales y sindicatos. Estas, por su parte, han buscado aliarse con los partidos y otros grupos opositores para resistir la estrategia gubernamental, aunque hasta ahora solo han logrado retrasar, pero no detener, su avance.
En 2010 se presentó un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que prohibiría a las OSC recibir fondos de organismos o países extranjeros. Aunque no fue aprobado en ese momento, muchas de sus ideas principales aparecen en la ley presentada en 2023.
En los últimos años se han producido numerosos ataques jurídicos, mediáticos y físicos contra las organizaciones defensoras de los DDHH, con el fin de limitar su capacidad de acción, su autonomía y su efectividad. Esta intención se manifestó con la salida de Venezuela del ámbito de actuación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que significó un golpe a la vigencia de esos derechos en el país. Por otra parte, los registros y las notarías obstaculizan sistemáticamente las gestiones de las OSC, con lo cual dificultan su funcionamiento y las empujan a situaciones de ilegalidad. Y numerosos activistas y directivos de OSC han sido hostigados, privados de libertad y juzgados por el simple intento de ejercer sus derechos de expresión y participación.
Una de las principales motivaciones para estos ataques ha sido que dichas organizaciones se han transformado en el único canal por el que se ha logrado escuchar, recopilar y transmitir las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos básicos, así como de los económicos, sociales y culturales. Estas organizaciones, a través de su presión ante organismos internacionales como la ONU, han logrado que se formen equipos de investigación que han desvelado el carácter sistemático de dicha violación de derechos.
La información proporcionada por las diversas OSC venezolanas han servido de base para investigaciones, recomendaciones y sanciones emitidas por diferentes países. Dicha información habría permanecido oculta por los diversos mecanismos represivos usados para impedir la libre expresión en el país. Es por eso que frenar esos flujos de información se ha convertido en una cuestión estratégica para el régimen, por lo cual parece decidido a suprimir a cualquier organización que genere dichos flujos.
(1) Este artículo se basa parcialmente en Gómez Calcaño (2022).
